Partidos aliados a la Fuerza del Pueblo dicen JCE contrató a Deloitte de “manera ilegal”

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Un bloque de partidos, aliados a la Fuerza del Pueblo, movimiento del expresidente Leonel Fernández, expresó este martes su rechazo a la “manera ilegal” en que -afirmó- el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) otorgó el contrato a la empresa Deloitte & Touche para realizar la auditoría forense a los equipos del voto automatizado utilizados en las elecciones primarias. Exigieron al organismo que, de hacer una auditoría, lo haga apegado a los procedimientos usados por la OEA en Bolivia.

A través de un documento, los delegados técnicos ante la JCE de los partidos Fuerza del Pueblo, Fuerza Nacional Progresista, el PQDC, e BIS y PUN indicaron que “objetan los procedimientos utilizados por el presidente de la Junta, Julio César Castaños Guzmán, para otorgar el contrato a la firma para auditar el cuestionado sistema de voto automatizado” usado en las elecciones primarias y simultáneas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) el 6 de octubre pasado.

Afirmó que el titular de la JCE incurrió en varias irregularidades al contratar la empresa y explicó que la declaratoria de urgencia utilizada como procedimiento de excepción para la otorgación de dicho contrato, requiere del dictado de un acto administrativo previo que explique las razones para dicha urgencia, según lo disponen los artículos 6, párrafo único, numeral 4, de la Ley núm. 340-06 y 4.2 del Reglamento 543-12.

Los argumentos

“La declaratoria de urgencia no supone en modo alguno omitir los principios y reglas esenciales de todo procedimiento de contratación pública”, acotó.

Añadió que el artículo 4.7 del Reglamento 543-12, indica que, no obstante la urgencia, la entidad contratante habrá de salvaguardar siempre la total publicidad y transparencia del proceso, así como que deberá asegurar la máxima participación de potenciales oferentes para la contratación, “lo que no ocurrió en la contratación efectuada por la JCE”.

“El artículo 43, numeral 2 de la Ley 340-06, indica que cuando los servicios sean de naturaleza excepcionalmente compleja o altamente especializados o de servicios que exijan innovación, se utilizará la modalidad basada exclusivamente en la idoneidad del proponente y en la calidad de la propuesta técnica”, dijo.

Por tales razones, la otorgación del contrato para privilegiar a la empresa Deloitte por el bajo precio de la oferta constituye una adjudicación ilegal. La cuantía de dicho contrato, que ronda los 300 mil dólares, no guarda relación con la complejidad técnica que implica realizar una verdadera auditoría técnico forense del sistema de votación electrónica, objeto de múltiples señalamientos de irregularidades, agregó.

Citan violaciones

Las organizaciones enumeraron las violaciones de procedimientos reglamentarios y legales, que afirman, incurrió la JCE. Entre ellos, citaron que los representantes de los partidos políticos y de los pre-candidatos que participaron “en la accidentada primaria” del pasado 6 de octubre, sobre todo, los que cuestionaron el sistema, los cuales fueron ignorados, no tuvieron ninguna participación en el proceso de selección de la empresa contratada para realizar la solicitada auditoría.

También afirmaron que la JCE obvió el pedido de integrar a dicho proceso a representantes de ONU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y los Estados Unidos, a los fines de darle total transparencia y confianza al proceso de contratación y a la propia auditoría técnico forense requerida.

Otro punto destacado es que el CEO de Deloitte en la República Dominicana, José Luis de Ramón, tiene supuestos vínculos con el gobierno de Danilo Medina, “entre los que se destaca su participación en la auditoría relacionada con la contratación para la construcción de la planta de energía Punta Catalina”.

“En consecuencia, dicha contratación equivale a que el gobierno sea quien audite su propio fraude”, adujo el grupo de partidos en el documento.

Caso de Bolivia

Los partidos exigieron que la Junta que, cualquier auditoría a ser contratada, “además de cumplir con los reglamentos y leyes aplicables para convocar a una licitación para esos servicios, se utilice como marco de referencia los requisitos y procedimientos adoptados por la OEA para la realización de la exitosa y reveladora auditoria efectuada en Bolivia”.

Dijeron que las elecciones en Bolivia tienen similitudes con la irregular y accidentada experiencia de la primaria del PLD el pasado 6 de octubre, “en la que, en ambos casos, se ha hecho referencia a un cambio inusual de tendencia estadísticamente improbable, luego de haberse computado más del 80% de las mesas electorales. En adición, en ambos casos, se denunció el uso de un algoritmo para manipular los datos y alterar los resultados”.

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